Según un informe especial se pudo constatar la presencia de socavones de minería ilegal dentro de la zona arqueológica protegida.
Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) realizaron una diligencia de interdicción que permitió desarticular importantes focos de minería ilegal en zonas pertenecientes al polígono arqueológico de Nazca, entre los límites de Ica y Ayacucho.
A través de esta acción, los fiscales adjuntos provinciales José Luis Ortecho y Danithza Valdez intervinieron en zonas de alta sensibilidad. El despliegue contó con la participación de personal policial y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y de la Sunat.
Como se sabe, se acudió al límite poligonal y tras realizar prolongados recorridos, corroboró que los mineros informales, que operan en las laderas de los cerros, trabajan gracias al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que el Gobierno de Dina Boluarte pretendió convertirlo en hereditario.
Se constató el uso de explosivos, cuyas detonaciones para abrir socavones se escuchaban como un estruendo. En una de las minas, los mineros informales reconocieron que el socavón estaba operando desde el 2012, el año en que fue creado el Reinfo.
La reducción del polígono arqueológico mencionada por el Ministerio de Cultura (Mincul), el pasado 28 de mayo, expuso la conservación de estos restos milenarios ubicados en Nazca a merced de la extracción indiscriminada de oro y cobre, los principales minerales que se mezclan con el suelo en ese territorio.
A raíz del escándalo generado por la reducción de este territorio arqueológico, el ministerio de Cultura se vio obligado a revertir la controvertida Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, restableciendo el plano perimétrico aprobado en 2004, el cual abarca un área de 5.633,47 kilómetros cuadrados.
DESTRUCCIÓN DE BIENES DE LA MINERÍA ILEGAL
Durante la diligencia, se logró la destrucción de cuatro socavones y tres plantas de beneficio. Según las coordenadas de georreferenciación, un socavón y una planta se encontraban dentro del área de protección arqueológica de las Líneas de Nasca y amenazaban directamente nuestro legado histórico.
Asimismo, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1100, se procedió con la destrucción de bienes e insumos utilizados en la actividad ilícita, entre los que destacan vehículos mineros, herramientas de extracción, combustible, generadores eléctricos y demás artículos necesarios para esta práctica ilícita.
