Mineros informales y ronderos se irán a un paro indefinido si el Gobierno persiste en impedir sus operaciones.
¿Quién mueve los hilos en las conversaciones entre el Gobierno con los alcaldes, mineros informales, ronderos y campesinos de Pataz? Cuatro partidos políticos —Acción Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre— tienen a sus militantes como interlocutores en las negociaciones con el Ejecutivo.
La injerencia es directa: cinco dirigentes y tres asesores están afiliados a estas agrupaciones, “lo que politiza” el diálogo entre el Gobierno y los gremios de mineros informales, ronderos y campesinos, dijo el experto en temas mineros, Iván Arenas.
Acción Popular cuenta entre sus filas a Santos Quispe, presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas, y a Gregorio Ponce, presidente de la Comunidad Campesina La Victoria.
En Podemos Perú militan José Torrealva, presidente de los mineros informales Ama-Pataz; Loyer Santisteban, presidente de la Comunidad de Llacuabamba; Raúl Noblecilla, asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (Amape); y Jorge Paredes Terry, asesor de las rondas campesinas.
Alianza para el Progreso (APP), agrupación de César Acuña, cuenta con Jairo Trelles, presidente de la Comunidad Campesina La Soledad. En Perú Libre, de Vladimir Cerrón, milita Adolfo Valverde, asesor legal de Ama-Pataz.
El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños —quien renunció a APP— declaró que la participación de los dirigentes mencionados fue una propuesta hecha por la propia población de Pataz, y que él solo alcanzó esos nombres al Ministerio de Energía y Minas para su registro.
Aseguró que el pasado jueves se instaló la mesa de diálogo en el distrito de Pataz, con la presencia de los ministros de Energía, Jorge Montero; de Defensa, Walter Astudillo; y de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, así como los representantes de Pataz incluidos en la lista oficial.
En el caso de los asesores, estos no figuran en dicha lista como interlocutores, aunque Raúl Noblecilla sí estuvo presente en la reunión.
PLAZO DE 72 HORAS
Según Mariños, la continuidad de la mesa de trabajo se interrumpió ese jueves debido a que los ministros se negaron a firmar un acta con el compromiso de levantar la restricción de labores de la minería informal en Pataz.
Ese mismo jueves, tras la reunión, los dirigentes de Pataz, el alcalde provincial y el alcalde distrital, Segundo Armas, firmaron un acuerdo en el que otorgaron un plazo de 72 horas al Ejecutivo —que vence mañana domingo— para instalar una nueva mesa de diálogo, en la que se priorice el levantamiento de la suspensión de actividades para los mineros informales, medida decretada por el Gobierno hasta el 8 de junio.
En caso no se cumpla con este pedido, el burgomaestre advirtió que podrían iniciar un paro indefinido en un plazo de dos semanas.
