El presidente del Poder Judicial consideró que en las próximas elecciones presidenciales podría presentarse un candidato financiado por organizaciones criminales.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en un discurso público, consideró que diariamente "estamos peor en criminalidad", pese a los esfuerzos de las entidades de justicia por combatirla.
"Cada día estamos peor en criminalidad pese a esfuerzos de la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y Defensa Pública. Parece que algo está fallando. Creo que está fallando no adoptar una política especial para este tema, quizás se debe pensar en otro tipo de medidas", indicó.
En esa línea, el titular del Poder Judicial señaló que "no le extrañaría" que en las próximas elecciones presidenciales podría presentarse un candidato financiado por organizaciones criminales.
"No me extrañaría que en las próximas elecciones se presenten candidatos (respecto de organizaciones criminales), obviamente financiados", sentenció.
Asimismo, Arévalo Vela manifestó su preocupación por la creciente ola de violencia relacionada al cobro de cupos y señaló que las organizaciones dedicadas a dicha actividad delictiva deberían ser consideradas "organizaciones terroristas".
"Me preocupa el uso de explosivos en los locales que no pagan los cupos y le encuentro parecido con el terrorismo, por lo cual deben ser consideradas como organizaciones terroristas. Por ello, se deben tomar duras medidas de emergencia y que las FF.AA. participen", resaltó.
"Hemos apostado por las unidades de flagrancia"
Por otro lado, el presidente del Poder Judicial indicó que, durante su gestión frente a dicho poder del Estado, se ha apostado por implementar unidades de flagrancia en diferentes regiones del país.
"Durante mi gestión hemos apostado por estas unidades de flagrancia que hasta marzo han resuelto el 81.45% de casos recibidos. De los 3,741 casos derivados a estas unidades de flagrancia, se resolvieron 3,047 con sentencia condenatoria, que fueron resueltas en 48 y 72 horas", relató.
Asimismo, invocó al Ejecutivo a entregar mayor asignación presupuestal para la labor de la PNP, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, en calidad de operadores del sistema de justicia, dentro de las unidades de flagrancia, que sancionan el delito en menos de 72 horas.
