El Consejo Nacional de Política Criminal aprobó por unanimidad el proyecto que busca aislar a los líderes de las organizaciones delictivas más violentas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, confirmó este martes que el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, destinado exclusivamente para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas que operan en el país.
“Hace unos minutos, por unanimidad, acabamos de aprobar la construcción del penal de El Frontón, después de exposiciones técnicas sobre la viabilidad y las cuestiones financieras”, declaró Santiváñez, quien aseguró que el proyecto marcará un cambio estructural en el sistema penitenciario peruano.
El ministro detalló que la nueva prisión será construida bajo estándares modernos, con módulos prefabricados, al igual que la cárcel de alta seguridad CECOT en El Salvador. El plazo estimado de ejecución es de 8 a 10 meses, una vez que el terreno quede habilitado.
El proyecto contará con el apoyo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, que tendrán la tarea de limpiar el terreno, demoler estructuras antiguas y colaborar en la edificación de los módulos.
“Se ha demostrado que las opiniones previas sobre la inviabilidad del penal fueron erróneas. La isla cuenta con espacio para edificar hasta 3,5 hectáreas, lo que garantiza la capacidad suficiente para un centro penitenciario de alta seguridad”, subrayó Santiváñez.
Financiamiento y respaldo político
La obra demandará una inversión de 174 millones de dólares, la cual será cubierta bajo la modalidad de obras por impuestos con aporte del sector privado.
En la sesión del Conapoc, participaron representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Ministerio del Interior, Policía Nacional, universidades, Defensoría del Pueblo y gobiernos regionales. Todos respaldaron la propuesta por unanimidad.
Además, Santiváñez anunció que mañana se firmará el convenio oficial entre el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Defensa, por disposición de la presidenta Dina Boluarte.
