Gobiernos regionales y gremios lamentaron y criticaron al Congreso y al Ejecutivo por normalizar la impunidad y mostrar pasividad frente al avance del crimen organizado en el país.
La compañía minera Poderosa confirmó la muerte de 13 trabajadores que habían sido secuestrados por mineros ilegales y criminales el pasado 26 de abril en la provincia de Pataz, región de La Libertad, y que fueron hallados muertos este domingo. El hecho violento ocurrió pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte y la presencia de un importante contingente policial.
La compañía extractiva advirtió que, con este crimen, ya son 39 los mineros y trabajadores asesinados por bandas criminales que "han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente".
Piden la intervención de las Fuerzas Armadas
En un comunicado, hizo un llamado urgente al Gobierno para que replantee su estrategia frente a la criminalidad y logre la captura de los delincuentes que operan en Pataz. "Para ello, hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia y coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial", indicó.
No obstante, señaló que no será posible derrotar a la delincuencia si la policía "sigue sin ingresar a interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales, y cuya ubicación está plenamente identificada y geo referenciada". El avance de la minería ilegal y los crímenes también han generado preocupación en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), que solicitó al Poder Ejecutivo convocar una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Pataz.
En ese sentido, la ANGR pidió también "la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas en Pataz, la instalación de una base militar permanente en la zona, y una investigación integral a cargo de una fiscalía especializada para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la masacre".
