Entre los miembros de la delegación está Enrique Vílchez, quien es investigado por la Fiscalía por, presuntamente, haber coordinado con congresistas de Perú Libre el encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón.
El pasado viernes, el Congreso de la República autorizó el viaje oficial de la presidenta Dina a Japón e Indonesia, que tendrá lugar entre el 5 y 12 de agosto, próximos. Con 63 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones, se aprobó la solicitud de la mandataria que, según se informó al Legislativo, fue invitada a dichos países por sus respectivos jefes de Estado y participará de una serie de actividades de índole comercial, económico y de cooperación.
Este domingo, a través de sendas resoluciones supremas publicadas en el Diario Oficial El Peruano, la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana suscribieron las autorizaciones respectivas para que 5 ministros de Estado acompañen a la mandataria en su viaje oficial.
No obstante, el premier también suscribió la Resolución Ministerial 178-2025-PCM, que autoriza a 6 funcionarios del Despacho Presidencial a formar parte de la delegación oficial que también acompañará a la jefa de Estado en su periplo, con pasajes aéreos y viáticos por 6 días, financiados con presupuesto público por más de S/220 mil.
Respecto a los viáticos, según la resolución, se ha asignado un monto de $500 diarios para cada uno, la misma cantidad que se dispuso para cada ministro de Estado.
¿Quienes integran la delegación oficial?
Etá compuesta por José Antonio Torrico Obando, ejecutivo de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, que tiene asignado un monto de $ 6,862.56 en pasajes aéreos y un total de $ 3,000.00 en viáticos. Es el único funcionario cuyo viaje será entre el 4 y 12 agosto.
La comitiva es completada por Enrique Vílchez Vílchez, secretario General del Despacho Presidencial; Carmen Giordano Velásquez, asesora Técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República; Martha Meléndez Muñoz, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial; Paul La Rosa Rivas, comandante FAP edecán del Despacho Presidencial; y Milagros Vargas, suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, quien es personal de seguridad del Despacho Presidencial. Cada uno con pasajes aéreos por US$ 7,309.76 y un total de US$ 3 000 para viáticos, entre el 5 y 12 de agosto.
En este grupo hay tres personajes que han sido implicados en casos que viene investigando la Fiscalía. Tal es el caso de Carmen Giordano Velásquez, quien además se desempeña como miembro del Consejo Directivo del Indecopi, en representación de la PCM. Esta funcionaria es testigo clave del caso Rolex, luego de que la propia jefa de Estado declarara que Giordano presenció la entrega de un reloj de alta gama de esa marca por parte de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.
También resalta el caso de Enrique Vílchez Vílchez, quien afronta una investigación preliminar por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, por la presunta comisión de delito contra la administración de justicia, delito contra la función jurisdiccional y encubrimiento personal.
