Ante la grave situación en los penales, el titular de la PCM dijo que se evalúa declarar en emergencia al Inpe para aislar a reos de alta peligrosidad. Indicó que se buscarán facultades legislativas en materia de lucha contra el crimen.
El presidente del Consejo el Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó la grave situación que atraviesan las cárceles del país, señalando que la corrupción y la gobernanza criminal se han consolidado dentro de los penales, situación por la que el Ejecutivo evalúa declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
En entrevista, aseguró que se ha comprobado "un alto grado de control" por parte de las organizaciones criminales en los centros penitenciarios.
Según Álvarez, muchos líderes de bandas operan con total comodidad desde la cárcel, y tienen acceso a internet y comunicación mediante antenas clandestinas y portátiles, una situación que, señaló, el presidente José Jerí ha corroborado mediante el uso de drones.
Afirmó que la problemática del sistema penitenciario es un reflejo de un Estado que viene fracasando en prácticamente todas las actividades que regula o supervisa. Sin embargo, destacó que no se puede generalizar, pues hay gran cantidad de agentes y funcionarios penitenciarios que sí son correctos.
Medidas de emergencia y traslado de reos
Ante este panorama, Álvarez indicó que el Ejecutivo está contemplando declarar en emergencia el Inpe, siendo esta una de las medidas que se evalúa en el marco del estado de emergencia.
El objetivo esencial y a corto plazo de esta potencial declaración es la distribución de los presos de alta peligrosidad, es decir, los delincuentes violentos, para poder aislarlos y separarlos de la delincuencia común.
El premier adelantó que los internos de alta peligrosidad serían trasladados a penales donde el personal ya cuenta con experiencia en el manejo de reos peligrosos, mencionando específicamente a Luis Gancho y Ancón 1.
Además, para darle velocidad a la remoción de los agentes penitenciarios corrompidos, el Ejecutivo anunció el uso del polígrafo. Aunque esta herramienta no constituye prueba de un ilícito, sí representa un indicio importante para investigar a funcionarios públicos, guardias de penal, policías o militares que presenten problemas de verosimilitud.
Gobierno solicitará facultades legislativas al Congreso
Álvarez señaló que la lucha contra la delincuencia se ve obstaculizada por deficiencias en el sistema jurídico, ya que resulta complicado conseguir las pruebas necesarias para llevar a los criminales ante un juez y evitar su liberación.
Por esta razón, el premier adelantó que el Ejecutivo solicitará una "ley autorizativa" al Congreso para obtener facultades legislativas y poder emitir decretos legislativos con la velocidad requerida.
Indicó que el objetivo de estos decretos es subsanar las deficiencias del sistema jurídico en materia de extorsión y sicariato, los cuales son los crímenes que más afectan hoy en día al poblador común.
