Relaciones Exteriores tuvo tres meses para elaborar y publicar el reglamento de la Ley 32301 que modifica la APCI para fiscalizar fondos de las ONG. Respuestas diplomáticas han dilatado su objetivo, que parece no tener plazo de entrega.
“Ya estamos con el pan en la puerta del horno”, dijo muy seguro y confiado el canciller Elmer Schialer el pasado 16 de junio cuando acudió a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Encarado por Alejandro Aguinaga sobre por qué su despacho no reglamenta la ley que fiscaliza a las ONG, el titular de Torre Tagle —aclaró primero que aún quedaban días para que se cumpla el plazo establecido por el Ejecutivo (14 de julio)—, aseguró que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ya estaba listo.
Durante su corta explicación en esa sesión extraordinaria, Schialer detalló que este documento, además del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI (RIS) —también listo— iban a ser elevados a su despacho la semana siguiente para que él los pueda ver y de ahí “proponer el curso burocrático legal que corresponda la emisión de estos reglamentos”.
De eso ya hace 37 días. Los 90 días calendario que el Ejecutivo estableció como plazo para reglamentar la Ley 32301 que fiscaliza a las ONG ya vencieron hace más de una semana y al parecer ese pan nunca entró por la puerta del horno como aseguró nuestro canciller en el Congreso. Una demora que no hace otra cosa que aumentar la incertidumbre sobre la aplicación de una norma que obligará a las ONG a rendir cuentas ante la APCI y someterse al control de la superintendencia. La ley promulgada por la presidenta Dina Boluarte es por ahora, letra muerta.
Lo cierto es que la Cancillería ha sido muy diplomática con un tema tan urgente y no ha cumplido su trabajo a tiempo, pues la publicación del reglamento tiene para varias semanas.
En un informe del 11 de julio, solo tres días antes de vencerse el plazo establecido, Relaciones Exteriores, atendiendo a un pedido de la congresista Ruth Luque, quien solicitó la prepublicación del reglamento, respondió que se tiene previsto que estos sean publicados en agosto, luego de que tenga la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, la secretaría de Gestión Pública y la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la PCM, “según corresponda a cada caso”.
¿PASEO?
Se trató de tener una comunicación con la Cancillería para que explicara sobre esta demora, pero no obtuvo respuesta.
El congresista Aguinaga, uno de los impulsores de la promulgada ley, señaló que han sido “reiteradas las ocasiones” en las que, en el transcurso de este plazo, le señalaron al canciller sobre la entrega del reglamento. El legislador de Fuerza Popular reconoce que al comienzo hubo presiones de algunas ONG para dilatar la reglamentación, pero espera que Relaciones Exteriores apure la publicación de la norma. “Si no se publica el reglamento habrá que traer al canciller a la comisión; y si se publica tendrá que ir para discutir el tema”, dijo.
