Municipalidad respalda pronunciamiento del CCL y demanda acción inmediata del Ejecutivo
La Municipalidad Provincial de Sullana expresó su pleno respaldo al pronunciamiento público emitido por el Consejo de Coordinación Local Provincial (CCL), instancia que representa a la sociedad civil organizada, ante la crítica situación generada por la paralización y resolución de contratos de los principales proyectos de agua y saneamiento que afectan a miles de familias en la provincia.
El CCL alertó sobre la reciente decisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) de resolver el contrato de ejecución de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), obra esencial para garantizar el acceso al agua segura en Sullana. Según el comunicado, esta medida pone en riesgo la salud pública, el desarrollo urbano y la reactivación económica de la provincia, tras años de espera y gestiones.
Asimismo, el pronunciamiento advierte sobre el riesgo inminente en otros proyectos estratégicos, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica y Querecotillo, que presentan retrasos, observaciones técnicas y pagos pendientes, generando alarma en la población.
“Sullana no puede seguir siendo víctima de la ineficiencia y la burocracia. Exigimos al Ministerio de Vivienda y al Presidente de la República, José Enrique Jeri Oré, asumir responsabilidad directa en el destrabe de los proyectos. El acceso al agua potable y al saneamiento no es un privilegio, es un derecho básico que el Estado debe garantizar”, enfatizó el comunicado del CCL.
Por su parte, el alcalde Marlem Mogollón aseguró que la Municipalidad continuará gestionando ante las instancias competentes la inmediata reactivación de las obras paralizadas, reiterando que el retraso prolongado de estos proyectos pone en riesgo la salud, la competitividad y la calidad de vida de toda la población del valle del Chira.
El CCL y la Municipalidad coincidieron en que la situación requiere medidas extraordinarias, para asegurar que las obras no queden nuevamente atrapadas en procesos administrativos o controversias contractuales.
