Panorama Digital
La voz y la palabra del mudo 
Trabajadores fueron torturados. En comunicado oficial, Libmar condenó el crimen como un acto de extrema violencia y expresó su profundo pesar. Los trabajadores brindaban servicios en concesiones de la Compañía Minera Poderosa S.A., bajo contrato con Libmar, empresa que realiza operaciones mineras legales en la zona.
La medida decretada por la presidenta por 30 días —una de las cinco anunciadas ayer para enfrentar la ola de criminalidad en la zona liberteña— no solo alcanza a los mineros ilegales e informales, sino que también afecta a los formales, generando perjuicios al Estado y a las empresas.
Jefa de Estado informa que se instalará una base militar; habrá toque de queda en la zona y control de las Fuerzas Armadas de Poderosa; envío al Congreso de proyecto de ley de facultades para legislar en torno al delito de terrorismo urbano; suspensión de 30 días de actividad minera en Pataz y exclusión de Reinfo en calidad de suspendido.
Gobiernos regionales y gremios lamentaron y criticaron al Congreso y al Ejecutivo por normalizar la impunidad y mostrar pasividad frente al avance del crimen organizado en el país.
La comisión del Congreso pide al ministro Julio Díaz que informe las medidas que tomará su sector luego del crimen ocurrido en la provincia de Pataz.
El congresista Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú, señaló que, hasta el momento, ya han reunido 20 firmas de las 33 que se necesitan para presentar formalmente la moción de censura a presidente del Consejo de Ministros.
