El vehículo oficial del director de la Diresa, Yoel Julca Chamba, fue acribillada esta mañana en el distrito de Castilla. El funcionario no viajaba a bordo; el conductor murió y una mujer resultó herida.
Una camioneta asignada al director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, Yoel Julca Chamba, fue atacada a balazos la mañana de este lunes en el sector Cossío del Pomar, en el distrito de Castilla.
El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m., cuando dos sicarios en motocicleta interceptaron la unidad —de placa P4S-829— y dispararon más de 30 veces.
En el vehículo viajaban tres personas. El conductor, identificado como Darwin Lázaro Valladolid (34), fue auxiliado por vecinos y trasladado en un taxi hacia la emergencia de la clínica Auna tras recibir dos disparos, mientras que su pareja, Milagros Pacherrez Mío (46), y su cuñada, Inga Mío Pilar, resultaron heridas.
El occiso, quien también portaba un arma de fuego, intentó repeler el ataque, logrando herir a uno de los criminales antes de que se den a la fuga.
Las cámaras de seguridad registraron a dos motocicletas (una de color rojo y otro blanco) con seis atacantes vestidos con casacas y el rostro cubierto cerraron el paso a la camioneta antes de efectuar más de 30 disparos, generando pánico en la zona.
Criminalística incautó una pistola negra del occiso y la Fiscalía participa en la investigación. El móvil preliminar apunta a un ajuste de cuentas.
DIRECTOR NO SE ENCONTRABA EN LA CAMIONETA
Tras el atentado, la Diresa de Piura aclaró que el doctor Yoel Julca Chamba, no se encontraba en la camioneta atacada esta mañana en Castilla y que su integridad “no ha sido comprometida”.
La institución descartó cualquier vínculo del funcionario con el atentado y sostuvo que continúa ejerciendo sus funciones con normalidad. Asimismo, informó que se ha puesto a disposición de las autoridades para todas las diligencias necesarias y pidió a la Policía realizar una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables.
Las autoridades investigan si el ataque estaría vinculado a amenazas contra funcionarios públicos o a bandas de sicariato que operan en la región.
