El gremio que representa a 71 Cámaras de Comercio del país advierte que la inacción del Estado está dejando a la ciudadanía a merced del crimen organizado. Como se sabe, este acto criminal dejó tres personas heridas, afectó más de un centenar de viviendas y generó temor en una zona residencial y comercial.
La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS, gremio que agrupa a 71 Cámaras de Comercio regionales y binacionales en todo el país, emitió un comunicado en el que condena el reciente atentado del pasado 14 de agosto en la ciudad de Trujillo, donde se emplearon al menos 15 cartuchos de dinamita contra una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú.
"PERUCÁMARAS advierte que este atentado no es un hecho aislado, sino el reflejo de una grave descomposición institucional que requiere respuestas inmediatas y contundentes de las autoridades. La población no puede seguir viviendo expuesta a disputas entre organizaciones criminales mientras el Estado permanece ausente", se lee en el comunicado.
“Este atentado es una muestra dolorosa de cómo el crimen organizado está ganando espacio en nuestras ciudades, mientras la ciudadanía queda desprotegida. Desde PERUCÁMARAS exigimos al Gobierno actuar con firmeza, porque la seguridad es condición indispensable para el desarrollo económico y social de nuestras regiones”, señaló Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS.
Frente a lo expuesto, el gremio formuló una serie de exigencias a las autoridades competentes:
Plan inmediato de seguridad en La Libertad. Implementación operativa con presencia policial reforzada, inteligencia e investigación criminal y operativos focalizados contra extorsión y uso ilegal de explosivos, con metas e indicadores públicos.
Coordinación interinstitucional efectiva. Instalación de una mesa de crisis entre el Ministerio del Interior, Gobierno Regional de La Libertad, municipalidades y PNP, con participación del Ministerio Público, para decisiones vinculantes y seguimiento semanal.
Celeridad y firmeza en la justicia. Al Ministerio Público y al Poder Judicial: equipos fiscales especializados, medidas de protección a denunciantes y trámite célere que evite la impunidad de cabecillas y financistas.
Control de insumos y trazabilidad de explosivos. Acciones inmediatas de SUCAMEC y PNP para restringir desvíos, fiscalizar depósitos y transporte, y sancionar a responsables administrativos y penales.
Apoyo a víctimas y continuidad económica. Atención integral a heridos y damnificados.
"Exhortamos al Poder Ejecutivo, al Gobierno Regional de La Libertad y a las autoridades del sistema de justicia a actuar con liderazgo y coordinación inmediata para restablecer la seguridad y la confianza ciudadana. El sector empresarial está dispuesto a colaborar en las acciones que permitan proteger la vida, el trabajo y el futuro de las familias peruanas", refirió.
