Se revisaron informes de la ONPE. Durante 2024, casi ningún partido con sitio en el Congreso cumplió con destinar no menos del 50% del dinero público que reciben para formar sus cuadros.

La ley está hecha para cumplirse, salvo que seas un partido político con representación en el Congreso. Expresamente, el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas ordena que “no menos del 50% del financiamiento público directo” recibido por las agrupaciones con sitio en el Parlamento debe ser utilizado “en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas”. Sin embargo, los partidos hacen caso omiso.

De la comprobación que se hizo sobre los informes de verificación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con respecto a los gastos de las organizaciones políticas con dinero del Estado durante 2024, podemos concluir que nadie —o casi nadie— obedece la norma. 

Así, por ejemplo, Juntos Por el Perú (JPP), partido que encabeza el exministro castillista Roberto Sánchez, solo invirtió 2.24% en capacitar y formar a sus militantes en los seis primeros meses del año pasado. Peor aún, de julio a diciembre el monto decreció y llegó a 1.22%.

Otro caso elocuente fue el de Podemos, que preside el legislador José Luna Gálvez. De enero a junio de 2024, solo destinó el 2.73% para formación y capacitación de cuadros. En el segundo semestre, el porcentaje se elevó hasta el 49.45%. Aunque no superó el 50%, se podría deducir que incrementó considerablemente el gasto en este rubro. Sin embargo, en su verificación, la ONPE detectó serias inconsistencias que “ameritarían el inicio de un procedimiento administrativo sancionador”.

En primer término, la ONPE cuestiona que Podemos pagó S/38,000, S/127,000 y S/14,400 a un proveedor para que realice la capacitación “La revolución del conocimiento, el marketing digital, su impacto en la economía y la nueva generación de emprendedores”, en el Callao, Los Olivos y Cercado de Lima. También gastó S/33,000 en la capacitación “Marketing digital, su impacto en la política moderna y el uso del media training como asertivo de la comunicación”, en el Cercado de Lima.

Estas charlas, dice la ONPE, “están enfocadas en fortalecer y desarrollar un negocio privado” y “no tienen incidencia directa en promover la participación política de la ciudadanía ni el fortalecimiento de las organizaciones políticas” y, por ende, contravienen la ley. Así, hay pagos por una capacitación para mejorar la educación emocional y la crianza familiar por S/35,000 y otra en la que asistieron estudiantes menores de edad por casi S/39,000.

Otro es el caso de Perú Libre. La ONPE señaló que de julio a diciembre de 2024 solo ejecutó el 21.15% del dinero recibido en actividades de formación y capacitación. De enero a junio de 2024, la agrupación del lápiz gastó únicamente con este fin el 11.28% de lo que recibió. 

Nos comunicamos con Ana María Córdova, secretaria nacional de Organización, para que nos comente los motivos de este bajo porcentaje, pero nos dijo que no brindará declaraciones.

En el caso de Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña, en el primer semestre del año pasado ejecutó solo 17.39% en actividades de formación. En el segundo semestre la situación no fue distinta, pues solo usó el 15.40% de la subvención recibida.

En conversación con el secretario general de APP, Luis Valdéz, dijo que “la mayoría de las capacitaciones las hacemos in house; tenemos profesionales capacitados que las hacen sin generar costo alguno”.

El Partido Morado también solo usó el 11.56% del financiamiento público que recibió en los primeros seis meses de 2024 para capacitar y formar cuadros, y únicamente el 11.36% del dinero recibido en la segunda mitad del año para el mismo concepto.

PRÁCTICA GENERALIZADA
Aunque estos son los casos más dramáticos, lamentablemente no son los únicos. Casi todos los partidos, con excepción de Somos Perú, han incumplido la norma.

INFRACCIÓN SIN SANCIÓN
El subgerente de Verificación de ONPE, Luis Camino, manifestó que con la entrega del financiamiento público lo que se busca “es que las organizaciones políticas prioricen estos recursos para realizar actividades que permitan formar cuadros políticos capaces de ejercer funciones públicas”.

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