El puntillazo final, también del Congreso, es un proyecto de ley que busca penalizar a quien se atreva a denunciar actos de violencia familiar, porque ese sería el efecto que tendría la norma, en caso de que la denuncia formulada contra un pegalón, violín o machista discriminador no obtuviera fallo favorable para la agredida.
En los últimos meses se ha desatado un implacable ataque contra las niñas y mujeres víctimas de violencia de género en el país, condenable arremetida que nunca se esperaría que proviniera de los propios funcionarios del Estado encargados de ejecutar las políticas públicas en esta materia y, en su caso, de aquellos llamados a supervisar y fiscalizar su realización; como son las autoridades de Ejecutivo y del Legislativo.
Primero, empezaron con la bravata de pretender eliminar el Ministerio de la Mujer, o su fusión con el Ministerio de Inclusión Social, que para los efectos es lo mismo, porque el de mayor pliego presupuestal absorbería al de menor, en este caso, el Midis al MIMP, perdiendo voz y voto las mujeres y demás poblaciones vulnerables en el Consejo de Ministros.
Después, desde el Congreso se impulsa que todos los centros de atención gratuita a las víctimas de violencia familiar, incluyendo niños y adolescentes, personas adultas mayores, etcétera, CEM, sean desarraigados de la competencia del sector Mujer para pasar al Ministerio de Justicia, lo que causaría un daño irreparable a las agraviadas, porque estos son espacios multidisciplinarios de atención especializada con enfoque de género, que va más allá de la asesoría legal, de rectoría del Minjus.
En los CEM se brinda soporte y asistencia de psicólogos, asistentas sociales, promotores y abogados, además de funcionar estratégicamente en las comisarías de la PNP, que permite a las víctimas agilizar su denuncia o pedido de auxilio a la fuerza pública. Con todo respeto, el Ministerio de Justicia no puede con el problema de hacinamiento penitenciario, del control de las mafias de la criminalidad desatada en el país que dirigen los capos desde la cárcel, de las fugas de los centros juveniles de rehabilitación, tipo Maranguita, como para pretender asumir la dirección y competencia de los 433 CEM a nivel nacional.
El puntillazo final, también del Congreso, es un proyecto de ley que busca penalizar a quien se atreva a denunciar actos de violencia familiar, porque ese sería el efecto que tendría la norma, en caso de que la denuncia formulada contra un agresor, violador o machista discriminador no obtuviera fallo favorable para la agredida. Se olvidan que el Código Penal ya sanciona la denuncia calumniosa.
De proceder esta iniciativa, ¿la violencia contra las niñas y las mujeres solo podría probarse en “flagrancia”?, ¿en el mismo acto de la golpiza o matanza o violación sexual? Encima, pretenden penalizar a toda la cadena de servidores públicos que intervienen en la atención de las víctimas de violencia. Esperamos que Rafael López, Keiko Fujimori y César Acuña no avalen este despropósito
