La medida decretada por la presidenta por 30 días —una de las cinco anunciadas ayer para enfrentar la ola de criminalidad en la zona liberteña— no solo alcanza a los mineros ilegales e informales, sino que también afecta a los formales, generando perjuicios al Estado y a las empresas.
No está midiendo las consecuencias. El hallazgo de los 13 mineros asesinados a balazos en Pataz, el último domingo, desató ayer una respuesta desesperada de la presidenta Dina Boluarte, sin calcular el impacto de sus decisiones.
El cierre total de la actividad minera en esta localidad liberteña por 30 días —una de las cinco medidas anunciadas por la mandataria para frenar la criminalidad— no solo impacta al Estado y a las empresas que operan dentro del marco legal, sino también a cientos de trabajadores que sí cumplen con la ley. Y que según fuentes, afectará también a los proveedores, trabajadores y a los ingresos fiscales.
Sin lugar a dudas, esta disposición terminó siendo una reacción errática en la que se confunde a los mineros ilegales e informales con los formales, metiendo a todos en un mismo socavón.
Para Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, ubicada en Pataz, sería perjudicial para la minería formal en la zona que el Ejecutivo no dé marcha atrás con la medida anunciada: “Sería contraproducente suspender las operaciones formales, algo que precisamente vienen buscando los ilegales hace años. Ello entrañaría enormes pérdidas para el Estado por la menor recaudación y para las empresas formales que operan en la zona”, señaló.
“NO SE DEBE CASTIGAR A FORMALES”
Por su parte, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Julia Torreblanca, lamentó que la decisión tomada por la mandataria sea, en resumen, una sanción a la minería formal.
“Suspender la actividad formal que cumple con las normas ambientales, de seguridad y tributarias sería contraproducente. No se debe castigar al que actúa dentro de la ley, sino a quien la viola o está vinculado al crimen”, señaló en una entrevista.
De otro lado, respaldó otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, como la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que esté suspendido a los mineros informales de Pataz y pidió que se elimine de forma definitiva ese registro y que se apruebe de una vez, la Ley de Formalización de la Minería de Pequeña Escala (Ley MAPE) en el Congreso.
