El avance de la minería formal, informal e ilegal ha colocado a buena parte de los territorios de las comunidades campesinas de Perú bajo control ajeno, advirtieron organizaciones como el Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra.
Organizaciones civiles como el Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra advirtieron este jueves que la minería afecta al 35 % de tierras comunales y que la deforestación minera en la región amazónica de Madre de Dios, al sur de Perú, supera las 135 000 hectáreas en 2025.
En el marco del diálogo “Datos geoespaciales para la defensa territorial: evidencias sobre los impactos en territorios indígenas”, organizado por ambas entidades, los expositores señalaron que el 90 % de las tierras de comunidades campesinas en la provincia de Espinar, en la región surandina de Cusco, carecen de georreferenciación.
“La tierra representa propiedad, el territorio implica reglas y derechos, y el paisaje es la vida que se desarrolla en una trama común con la naturaleza”, declaró Alejandro Diez, investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cisepa - PUCP).
Según Diez, la falta de georreferenciación incrementa el riesgo de apropiación de tierras por terceros y limita la defensa ambiental, mientras la fragmentación interna complica la representación y la respuesta colectiva de las comunidades.
A su vez, Luis Hallazi, coordinador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, presentó los resultados de utilización de datos geoespaciales de minería en territorios indígenas para destacar que los pueblos indígenas albergan reservas clave de carbono y desempeñan un papel fundamental en la protección climática.
El 33,7 % del territorio está gestionado por comunidades campesinas y nativas con títulos de propiedad, sin embargo, el 16,5 % ya ha sido concesionado para la minería y de este último, el 35% se superpone con tierras comunales, informó.
El corredor vial minero sur afecta a 37 comunidades campesinas y el corredor minero de Madre de Dios a 10 comunidades nativas. En el caso de Espinar, el 47 % del área provincial está bajo concesión minera y apenas el 10 % de las comunidades han logrado georreferenciar sus territorios. Por su parte, en Madre de Dios el 22 % del territorio está concesionado y la deforestación minera ha devastado más de 135.000 hectáreas hasta el 2025.
En Espinar, Leonarda Zinanyuca, secretaria general de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), explicó que la presencia de la minería ha complicado totalmente las disputas de límites, promovido la desaparición de comunidades y agravado la pobreza y fragmentación.
El Estado no responde ante esta problemática lo que hace que el panorama sea completamente desalentador.
