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Perú Libre vulneró ley electoral pero se desconoce sanción de la ONPE

Perú Libre vulneró ley electoral pero se desconoce sanción de la ONPE

Nacional
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Informe caleta. El partido de gobierno declaró que recibió más de S/1 millón 800 mil en abonos para financiar las actividades de Pedro Castillo, pero hay inconsistencias en el manejo de dinero, según documento elaborado por el organismo electoral hace cinco meses. Además, los interesados en las obras del Ministerio de Vivienda figuran como aportantes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió en abril, hace cinco meses, dos lapidarios informes contra Perú Libre que han pasado –oportunamente– desapercibidos. El partido que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia declaró haber recibido, solo en la segunda vuelta de la campaña electoral de 2021, 1 millón 834 mil 426 soles, pero ha dejado serias dudas sobre el real manejo del dinero, evidencias que apuntan a la tesis fiscal de los aportes ocultos e ilícitos que habrían servido para solventar las actividades proselitistas.

“Perú Libre no cuenta con manuales de procedimiento para la recepción de aportes ni el llenado correcto de los recibos de aportes”, “no cuenta con un adecuado sistema de control interno”, “no ha asignado a un responsable del sistema de control interno”, “el partido político está reconociendo gastos que no corresponden a la operatividad de la organización política”, son algunas de las conclusiones a las que llegó la ONPE luego de culminar con la fiscalización.

Lo que demuestran los documentos es que la organización política de Vladimir Cerrón brilla por su informalidad. Usó aportes cuya procedencia no ha quedado clara y que sirvieron para solventar los gastos de Castillo por todo el país. Y hay una gran diferencia entre la cantidad de aportantes que registró el partido en la primera y segunda vuelta electoral.

Por ejemplo, en el primer periodo enero-marzo de 2021 declaró apenas 38 donantes, que dividieron sus abonos en efectivo y especies, y en suma entregaron S/31,408.

En el informe técnico de ese periodo, la ONPE determinó que la actividad económico-financiera de PL “no se ha adecuado a las normas establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas"

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